En los inicios de los noventa, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), realizó un balance del desempeño económico de los países de la región durante la década de los ochenta y las enseñanzas que podían ser extraídas de ese período.
La de los ochenta fue calificada como «la década perdida» en cuanto a desarrollo y de «aprendizaje doloroso» para los países latinoamericanos y caribeños; a partir de lo cual la CEPAL propuso como tarea prioritaria para los noventa «la transformación productiva con equidad social» (CEPAL, 1990). Utilizando esas ya antiguas expresiones, las cuales pueden cobrar sentido en orden a examinar lo que ha sido el transitar de la política de juventud en Chile en la década culminada, teniendo a la vista los antecedentes y procesos pasados o algunos aún en curso. Y el abordar la década de los noventa no puede ser concebido sólo como un período temporal escogido de manera arbitrario, sino que precisamente en este lapso se juntan diferentes variables y procesos sociales que podrían permitirnos hablar con más propiedad de ciertas definiciones y acciones constitutivas de una suerte de política de juventud en Chile. Proceso que no ha estado exento de deficiencias, de marchas y contramarchas, de avances y retrocesos; pero que al cabo de una década es plausible hacer una mirada retrospectiva e intentar dar cuenta del estado en que posiblemente pueda encontrarse esta esquiva política de juventud chilena, ya sea en sus componentes de índole conceptual y analítico, como los de orden discursivos y programáticos.
Estamos conscientes que no basta en estas materias sólo quedarse en el nivel de los balances o sistematización de un conjunto disperso de opiniones evaluativas, sino que debiera también hacerse «apuestas más fuertes» que pudieran constituirse en visiones con un carácter más prospectivo; por lo que es perfectamente pertinente y necesario, el avanzar en el debate y la «puesta en común» de las opciones y definiciones que sobre política de juventud existen, como a su vez, el plantearse los desafíos presentes en el horizonte y quién o quiénes son los actores convocados o con capacidad de «autoconvocatoria » para asumir dichos desafíos y requerimientos de una política.
Quizás deba rescatarse en este proceso dos elementos: la generación de una visión más precisa en torno a la juventud chilena actual, la que ha permitido derrumbar o —por lo menos— poner en tela de juicio una imagen estigmatizante de la juventud como sector social «problema» y pasar a visiones y lógicas más comprensivas y precisas del complejo mundo juvenil. Pero de cualquier modo, este avance ha sido parcial y circunscrito a un sector específico de profesionales dedicados al tema de juventud, no habiendo generado estrategias de difusión, comunicación y debate que le posibiliten instalarse al nivel del «discurso oficial y público», el cual sigue siendo hegemonizado con la visión de «juventud dañada y en riesgo psicosocial», imagen generada a partir de las carencias y déficit que presenta un conjunto importante de la juventud chilena, no relevando el plano de las potencias, capacidades y «haceres» tremendamente positivos de esta misma juventud.
El diseño de políticas desde el Estado ha tenido una directa relación con los grados de visibilidad de los sectores y/o actores sociales en la escena pública, por lo que no es novedad el concebir a lo juvenil —desde una mirada sectorial— como formando parte del sistema educacional, o en su única calidad de estudiantes, por lo que una política hacia ese sector pasaba por la ejecución de políticas en lo educacional. Eso se verifica desde principios de siglo con el aumento en la cobertura y ampliación de la matrícula escolar; y con más fuerza a partir de las décadas de los cincuenta y sesenta con la ampliación de la educación universitaria y el acceso a ella de nuevos sectores sociales provenientes de la pujante clase media chilena.
En términos globales, cuando asume el gobierno democrático en el año 90, se planteó como objetivo que la acción social del gobierno debía constituirse en un factor de desarrollo social. Por ello, los principios de la nueva política social se definieron, entre otros, como, Solidaria y equitativa, Integral, Participativa., Eficiente, Inversión social, etc.
Estos principios orientadores, comienzan a ser incorporados en la formulación de las nuevas estructuras gubernamentales y, en específico, EN LA EMERGENTE POLÍTICA DE JUVENTUD. La que en términos institucionales se va a materializar en el Instituto Nacional de la Juventud.
Atentamente.
Guillermo Saavedra Jimenez
Integrante Opina Joven
